La poca gravedad de la condena, junto con el hecho de haber dejado fuera de su ámbito a los descendientes, y no contemplar la violencia psíquica, siguió siendo objeto de muchas críticas, por lo que en la siguiente modificación del Código Penal, llevada a cabo por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, se dio nueva redacción al art. 1534, incluyendo a otros integrantes de la unidad familiar, y elevando la pena a prisión de seis meses a tres años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por el resultado de la actuación5.

Esta reforma no colmó las expectativas de la doctrina ni de los agentes sociales, ya que de nuevo se dejaron fuera de la protección del precepto los "malos tratos psíquicos", que pueden ocasionar secuelas más graves que los físicos, y no se incluyó la figura de los ex cónyuges, que, en la práctica, siguen siendo objeto de agresión aún cuando ya se ha roto el vínculo que les unía al agresor. Se echó también de menos la adopción de medidas de protección para las víctimas, más allá del tiempo de reclusión al que pudiera ser condenado el asaltante.

La Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros endureció el tipo delictivo al considerar que las conductas que el Código Penal tipificaba como falta de lesiones, al cometerse dentro del ámbito doméstico, pasaban a ser delitos, con lo cual abrió la posibilidad de  imponer pena de prisión y, en todo caso, la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

La Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, amplía la duración máxima de las penas de alejamiento y de no aproximación a la víctima, incluyéndose la previsión de su cumplimiento simultáneo con la de prisión e incluso concluida la pena, para evitar el acercamiento durante los permisos de salida u otros beneficios penitenciarios o después de su cumplimiento. Se establecen por separado las tres modalidades existentes en la actualidad, con el fin de que se pueda imponer la que corresponda a la verdadera naturaleza del delito: la prohibición de residir y acudir a determinados lugares, la prohibición de aproximación a la víctima u otras personas y la prohibición de comunicación con la víctima u otras personas. Y, por último, se mejora técnicamente para que sirva con más eficacia a la prevención y represión de los delitos y, en especial, a la lucha contra la violencia doméstica, estableciéndose la posible suspensión del régimen de visitas, comunicación y estancia de los hijos, así como la prohibición de comunicaciones por medios informáticos o telemáticos. Esta misma reforma se hace en la regulación de la medida de seguridad equivalente.

La Ley Orgánica 1/2004 de Protección Integral contra la Violencia de Género sustituye el concepto de violencia doméstica por el de violencia de género cuando la víctima es mujer, introduce nuevas agravantes, castiga como delito las coacciones leves y las amenazas leves de cualquier clase cometidas contra quien sea o haya sido la esposa/pareja del autor, y condiciona la suspensión de la pena al cumplimiento de las prohibiciones de residir y acudir a determinados lugares, la prohibición de aproximación a la víctima u otras personas y la prohibición de comunicación con la víctima u otras personas. Además, la pena privativa de libertad impuesta sólo podrá sustituirse por la de trabajos en beneficios de la comunidad. En los siguientes apartados nos ocuparemos con más detenimiento de estos temas.